La gestión para que se cumpla la ley - 10592 – de protección integral para discapacitados- , que estipula un cupo, obligatorio, para ingresos en la administración pública, es una tarea que desde hace un par de años viene llevando a cabo la Defensora Adjunta Mónica Felices. Ante la cantidad de denuncias de discapacitados que inscriptos en el Registro Municipal nunca han sido convocados y/o quienes ni siquiera han podido inscribirse, la Defensora Adjunta ha promovido una serie de pedidos de informes y una recomendación, en paralelo a las gestiones que – ante las dependencias competentes – realiza con funcionarios municipales y de la Delegación local del Ministerio de Trabajo, exigiendo la aplicación de la norma.